La Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude, fue promulgada para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal en España. Impulsada por el Ministerio de Hacienda, esta legislación introduce medidas significativas que afectan a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Principales medidas:
- El límite de pagos en efectivo se reduce de 2.500 euros a 1.000 euros cuando una de las partes es un empresario o profesional. Esta medida busca dificultar el uso de dinero no declarado y fomentar los pagos electrónicos.
- Las PYMES deben declarar tenencias y transacciones con criptomonedas, abarcando adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos.
- Se prohíbe el uso de software que permita la doble contabilidad o la alteración de registros contables. Los sistemas deben estar certificados y no permitir la manipulación de datos.
- Se amplía la publicación de listados de deudores a la Hacienda Pública, incluyendo responsables solidarios. PYMES con deudas superiores a 600.000 euros pueden aparecer en estos listados, afectando su reputación.
- Los recargos por declaraciones fiscales fuera de plazo sin requerimiento previo se establecen progresivamente al 1% por cada mes completo de retraso, hasta un máximo del 15%.
- Se redefine y amplía la lista de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, incluyendo territorios que no cooperan suficientemente en términos fiscales.
- Se establecen nuevas sanciones y se refuerzan las medidas de control y verificación de actividades empresariales. Las PYMES deben cumplir con todas las obligaciones fiscales para evitar sanciones significativas.
- Se introducen incentivos para el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales, con reducciones en sanciones si se regularizan situaciones fiscales de manera espontánea.
Impacto en las Pymes:
La Ley Antifraude exige que las PYMES adopten medidas más estrictas en sus prácticas contables y de gestión de pagos, lo que puede incrementar los costes administrativos y operativos, aunque también promueve una mayor transparencia y equidad en el entorno empresarial.
Entrada en vigor:
El reglamento de la Ley Antifraude fue aprobado el 5 de diciembre de 2023. Los desarrolladores de software tienen hasta el 5 de septiembre de 2024 para adecuar sus programas, y las empresas deberán adaptarse antes del 1 de julio de 2025.
Objetivo de la ley:
La Ley Antifraude busca combatir el fraude fiscal mediante el control de pagos en efectivo no registrados y la eliminación de registros contables con software de doble uso, además de controlar el fraude en criptomonedas y operaciones en paraísos fiscales.
Relación con la ley crea y crece:
Aunque similares, la Ley Antifraude se centra en combatir el fraude fiscal, mientras que la Ley Crea y Crece promueve la formación de empresas sostenibles. Ambas exigen el uso de programas de facturación en la nube para emitir facturas electrónicas.
Afectación al software de facturación:
La Ley Antifraude obliga a los programas de facturación a estar certificados y cumplir con especificaciones técnicas que impidan la modificación y eliminación de registros contables, asegurando la inalterabilidad y trazabilidad de las facturas.
Sistema de Emisión de facturas verificables (VeriFactu):
La ley promueve el uso del sistema VeriFactu, que valida las facturas mediante tecnología blockchain y facilita el envío automático de registros a la Agencia Tributaria.
Ventajas y sanciones:
Facturación electrónica:
La principal ventaja es la lucha contra el fraude fiscal. Los nuevos sistemas de facturación electrónica también facilitan la gestión a las empresas.
Empresas clientes:
Multas de hasta 50.000 euros por uso de programas de doble uso.
Proveedores de software:
Multas de hasta 150.000 euros por fabricación, producción y comercialización de programas de gestión de doble uso, aplicables por cada año de ventas.
La ley impone nuevas obligaciones a las PYMES y proveedores de software, enfocándose en la transparencia y la prevención del fraude fiscal, con el fin de crear un entorno empresarial más justo y eficiente.
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